La minería destruyó lo sagrado

COLOQUIO PATRIMONIOS ECUADOR – POLITICAS CULTURALES Y DE CONSERVACIÓN

En el Centro de Estudios Ecuatorianos de la Universidad París Ouest Nanterre, tuvo lugar el coloquio: Patrimonios en Ecuador – Políticas Culturales y Políticas de Conservación, entre el 21 y 22 de marzo del año que discurre, en París.

El mencionado Coloquio que fuera auspiciado por diversas entidades como el Centro de Investigación Ibérico e Iberoamericano (CIIA), cuya contribución interinstitucional con el Ecuador se remonta al año de l972, cuando se creó el  Centro de Estudios Ecuatorianos (CEE), mediante la gestión de la Embajada del Ecuador en Francia, la Delegación del Ecuador ante la UNESCO y el apoyo invalorable del Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA), fue inaugurado por el doctor Balaudé, Presidente de la Universidad Ouest Nanterre, por el Doctor Carlos Játiva, Embajador del Ecuador y por la señora Emmanuelle Sinardet, Directora del Centro de Estudios Ecuatorianos, en Francia.

Mediante un acercamiento multidisciplinario, el Simposio permitió el diálogo y la reflexión en base a opiniones de historiadores, geógrafos, lingüistas, sociólogos, antropólogos, estudiosos de la literatura, historiadores de arte, curadores y expertos en  diversas disciplinas. Los debates que siguieron a cada reunión, “formaron enriquecedores espacios de intercambio, pues el Ecuador no es el único país en reconocer nuevos significados de Patrimonio: patrimonios inmateriales, patrimonios naturales, por ejemplo” afirmó Emmanuelle Sinardet. Desde su punto de vista, Ramiro Noriega, Agregado Cultural del Ecuador, expuso puntos de vista desde la institucionalidad pública, relacionados con la conservación del vasto patrimonio cultural del Ecuador.

No menos de veinte y cinco investigadores llegados de diferentes universidades y centros de Investigación de Francia, Alemania, Cuba y Ecuador, se esforzaron, a la luz de ejemplos concretos y de “estudios de caso”,  en mostrar la evolución reciente, dentro de una perspectiva histórica, cómo se redefine la cultura nacional considerada genuinamente ecuatoriana.

Cada una de las intervenciones significó un aporte sobre lo que representa la especificidad de Patrimonio en Ecuador, al integrar a dicha definición, políticas de conservación, temas políticos y sociales como patrimoniables, en un proceso de avance social. Los temas expuestos, originales y renovadores, incluyeron reflexiones dedicadas a la relación entre herencia, lengua y literatura, por ejemplo. Caroline Berge, Rut Román, David Macías Barres, Marianela Rosa Peña Lora y Marleen Haboud concentraron su trabajo en una diversidad de temas lingüísticos.

En una segunda jornada de trabajo los participantes se esforzaron en establecer las posibles relaciones entre la construcción de un imaginario colectivo nacional y los procesos de patrimonialización a través de la necesidad de construir un método para preservar una identidad nacional en constante mutación. Philipp Altman, Anne Gendron, Julie Carpentier, Christine Récalt, Ibtissem Ben Dridi, Nicole Fourtané, Cecilia Miño G  Alexis Medina enfocaron su participación en temas relacionados con políticas de conservación del patrimonio intangible y recursos naturales. Sin duda, cabe dentro de estas consideraciones reflexionar sobre los conflictos que surgen alrededor de la explotación de recursos naturales: agua, minería, petróleo, considerados como elementos de un patrimonio natural a preservar, elementos de una Pachamama proclamada sujeto de derechos, en la Constitución  del 2008.

Otro grupo de investigadores concentró igualmente su atención en señalar aspectos relacionados con la identidad ecuatoriana como es el de señalar que la condición geográfica del Ecuador, país situado en la línea equinoccial, es un tema patrimoniable, pese a no haber sido tomado en cuenta en esta perspectiva; una condición imaginaria que supone potencialidades y riesgos.  Nasser Rebaï, expuso su preocupación sobre temas de migración campesina y mutación del patrimonio cultural. A lado de estas fundamentales  preocupaciones, se asoció el tema museográfico, la relación museo comunidad junto a la posibilidad de usar la imagen animada como el método para preservar el paisaje cultural y el patrimonio intangible del Ecuador.

Anne Collin Delavaud habló sobre los esfuerzos y acciones que se realizan en favor de la restauración del centro de Quito. Sin duda, tuvo presencia relevante el tema presentado por Lucía Durán sobre patrimonio cultural, renovación urbana y el problema de lo social. Sanndra Pacheco, desde la ciudad de Cuenca habló sobre proyectos de revitalización urbana en el centro histórico de la ciudad mencionada. Por su parte Diana Sarrade compartió su preocupación sobre las nuevas perspectivas de rehabilitación de El Estero salado en Guayaquil. La jornada concluyó con un tema de alta sensibilidad: La Casa de la Cultura es la depositaria de una herencia cultural nacional o bien es actor de una política cultural innovadora?

La minería destruyó o sagrado – Cecilia Miño G

la minería destruyó lo sagrado

cecilia miño grijalva

El pueblo kichwa y su comprensión de lo sagrado

Por lo general, la cultura ancestral de las naciones andinas, colocó en la efigie solar, y, en los astros, la representación de lo deiforme; de allí nació su mitología; de allí la fe, en la intuición de lo eterno. En base a estos supuestos teóricos, los kichwas perfilaron las bases filosóficas sobre la unicidad entre la naturaleza y la vida, otorgándole el valor universal a la tierra, como a la entraña vital que habría de diseñar el curso de la sangre, hasta cuando, en ella misma, encuentre su quietud. Los amautas: sabios y maestros, enseñaron a su pueblo estos mandamientos. Lo hicieron desde la base: los sembraron en el cuerpo y en el alma. Al cuerpo le correspondía aprender el arte de vivir, y, al espíritu, el arte de comunicarse, a través de los símbolos. Máscaras, disfraces, versos, ritmos y pantomimas, se constituyeron en un solo cuerpo de alabanza a los dioses, y, en la forma de compartir entre los humanos la composición del universo. El pueblo primigenio asegura que fue el mismo, el padre Sol, quien con sus rayos dibujó dos solsticios y dos equinoccios. Se sintieron sus hijos y comprendieron que aquellas señas venían desde arriba para guiar la siembra y la cosecha. Trazaron el calendario agrícola del que más tarde iba a desprenderse la noción de la fiesta y el culto sagrado. De los símbolos nació el ritual  y la liturgia dedicada a celebrar las fiestas de agradecimiento; en los equinoccios a la luna; y en los solsticios, al sol. Un día de esos, dicen dos dirigentes de la comunidad:

(…)En el momento menos pensado, entró la maquinaria y arrasó con todo: tierras, ríos y gente. Con la apertura de la carretera nadie era el dueño porque trajeron gente de otras partes  y empezó un abuso diferente: maltrato, violaciones1

(…) Supimos que se iba a explotar el cerro Quinde, al que consideramos un lugar sagrado por su fuerza natural y, ahora, va  pasar por la destrucción definitiva. Estos son bienes intangibles que pertenecen a nuestras valoraciones espirituales. La minería destruyó lo sagrado.2

La presentación de los actores

En la zona rural de Otavalo, ciudad que se encuentra ubicada en la parte norte de la región interandina, a una distancia aproximada de 108 km al norte de la ciudad de Quito, habitan 45.552 personas distribuidas en forma dispersa en varias comunidades, en su mayoría indígenas”3 entre las que constan las que se hallan ubicadas alrededor del área de influencia del complejo industrial: Cementos Selva Alegre. “Son 27 comunidades que suman un promedio de 5.984 a 10.000 habitantes”.4 Por su parte, la mencionada empresa, surge en mil novecientos setenta y ocho, durante el boom petrolero en Ecuador; pertenece al estado con un alto porcentaje accionario del Banco de la Vivienda. Se privatiza en mil novecientos noventa y cuatro y pasa al grupo español FINLATAN S.A., que forma parte de un consorcio económico suizo. Es decir que, es una transnacional que explota los recursos renovables y no renovables de nuestro país, y, aunque paga un impuesto al fisco — proporcionalmente muy pequeño en relación a sus ganancias —, no tiene el menor empacho en suprimir  una montaña, parte de una reserva natural, rica en recursos biogenéticos del Ecuador.

1. Cecilia MIÑO GRIJALVA: Lo que pasó…, si pasó, Quito, imprefepp, p.53
2. Ibidem. p.54
3. Índice Estadístico Ecuador, MARKOP, 2000, Edición Limitada, Nov. 2000, p.24
4. Idem.

Desde mil novecientos noventa y cuatro hasta mil novecientos noventa y nueve, Cementos Selva Alegre se convierte en un poderoso complejo industrial conformado por cuatro minas de caliza: Selva Alegre, Río Blanco, Gualsaquí y Pastaví; por su Planta Industrial, y, por un bosque protector de cien hectáreas. Tanto la planta industrial como el bosque, son propiedad privada de la fábrica. Las minas son concesiones otorgadas por el estado al complejo. Poseen concesiones de agua, entonces, sus relaciones con el municipio, representan grandes intereses económicos para la empresa. Aún así, no se habían preocupado de cumplir con las leyes del Ecuador, puesto que el instrumento fundamental es la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de cada una de las minas mencionadas y de la Planta, estudios que deben ir acompañados del respectivo Plan de Manejo Ambiental (PMA). Estos estudios que exige la Ley de Minería, en el Ecuador, no fueron realizados; nunca se interesaron en cumplir los reglamentos exigidos por el Ministerio de Energía y Minas. Desde el estado, jamás se hizo una Auditoría Ambiental (AA) para comprobar si la empresa cumplió o no con las normas exigidas; obviamente, tampoco la empresa incluyó en el marco de su preocupación la suerte de la comunidad indígena.

De acuerdo a la información de la misma empresa, entre los años de mil novecientos noventa y siete, a mil novecientos noventa y nueve,  entregó una cantidad de seis cientos treinta y tres millones de sucres ($150.000) a la ciudadanía (clubes, fundaciones, municipio), sin embargo, estas donaciones no estaban enmarcadas en un plan o política que tuviera en cuenta a la población del área de influencia; es decir, no existía ninguna relación con la población indígena. Incluso,  se constató un profundo racismo, aunque no se pudo establecer si, en el fondo, se les despreciaba o temía. Por lo general, pensaban que los indígenas son vagos, borrachos, ladrones, ignorantes; eran reprimidos ferozmente por la seguridad armada que contrataba la fábrica; no se pensaba en el daño que la contaminación les causaba.

La atención había crecido tanto entre los dos sectores que se encontraba en un nivel de crisis que podía estallar en cualquier momento. Por una parte, los líderes conocían que según la nueva constitución del Ecuador (l998), se había promulgado una ley que reconocía el acceso de la comunidad, ubicada en el área de influencia, al beneficio desde la empresa extractiva. (Ley número 85, de derechos colectivos). Previamente, los afectados, en Otavalo, se habían acercado a pedir contribuciones para instalar una granja agrícola, solicitud que fue negada; ni siquiera les concedieron una entrevista. Uno de los miembros de la organización indígena de la zona, se acercó a pedir trabajo y lo reprimieron, disparándole a los pies. En el diagnóstico comunitario se pudo establecer que la comunidad indígena sufría contaminación, pobreza, falta de oportunidades de trabajo, marginación social, racismo y violencia. Existía agresividad contenida y nociones de derechos. La estrategia que se había planteado UCINQUI (Unión de Comunidades Indígenas de Quichinche) era peligrosa: tomarse la fábrica por la fuerza y exigir la mitad de las acciones.

El Municipio de Otavalo, se veía incapacitado de confrontar al complejo industrial: Cementos Selva Alegre, dado el poder que ostentaba en la vida de la ciudad: hacía donativos económicos y dotaba de cuotas de cemento al municipio. De manera consciente fomentaba el clientelismo y, por tanto, la clase política no estaba interesada en poner en evidencia a la empresa. Eso era lo que aquella buscaba. Por cierto, los  empresarios se encargaron de crear una imagen paternalista, aunque sabían, por supuesto que, la utilidad económica que sacaban del país para depositarla en los bancos suizos, era inmensa.

La Federación Indígena y Campesina de Imbabura (FICI), a través de su presidenta: Carmen Yamberla, contrata al Consorcio SIGA: consultores en formulación de políticas, evaluación, seguimiento y monitoreo, en temas de impacto ambiental, ya que cuenta con la cooperación de OXFAM AMERICA.5

1. OXFAM AMERICA: Organismo no gubernamental de cooperación internacional-Sede: Lima-Perú.

El mencionado Consorcio SIGA6 plantea un camino legal y de estrategia política, no obstante, había que trazar una metodología alternativa, puesto que aparecieron debilidades difíciles de manejar: no se podía plantear una demanda legal, de tipo penal, y así llevar el caso a los tribunales. Si bien la Constitución del Ecuador, a través de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación, ya expedida en mil novecientos setenta y seis, protegía la vida y el entorno, sin embargo, ni FICI ni UCINQUI contaban con documentos que pudieran probar el daño causado; la falta de ellos representaba un vacío muy grande, razón por la que se estableció que la vía a seguir no era penal, sino política, de hecho, basada en los cuerpos legales que el Ecuador había suscrito a nivel internacional, como de acuerdo a los acápites de la nueva Carta de Estado. El equipo de SIGA recogió material audiovisual, realizó entrevistas, recolectó testimonios y encontró que el nivel de sufrimiento de la población india era inmenso, e injusto, por supuesto.

La situación política en el Ecuador

En mil novecientos noventa y ocho, se elige como Presidente Constitucional de la República del Ecuador al demócrata popular: Jamil Mahuad, y, es Pachakutec, el partido de izquierda que aglutina a los sectores populares: logra cinco escaños en el Congreso y la diputada indígena: Nina Pacari, es elegida vicepresidenta del Parlamento. Por su parte, el Movimiento Indígena, a través de la CONAIE, planteó al Presidente Mahuad la atención a doce temas que se referían al mejoramiento de la calidad de vida de esta población. Se solicitaba, especialmente, el impulso a proyectos de desarrollo social. El Presidente firmó un Decreto que daba cuenta de su compromiso con las nacionalidades indígenas.

La Federación Indígena y Campesina de Imbabura (FICI), brazo regional de la zona norte, ocho días antes de darse el Levantamiento Indígena Nacional, declaró un alzamiento, cuyas consecuencias inmediatas fueron la paralización de la actividad agrícola y comercial de la provincia de Imbabura, una región clave en el desenvolvimiento económico del país. La paralización fue absoluta y el sector indígena se tomó la ciudad mencionada, centro turístico, con una población de cuarenta mil personas.

He aquí un testimonio de Carmen Yamberla:

(…)Llegó la Ministra temblando. La gente estaba armada con piedras y garrotes. De aquí, no sale, decían, si no soluciona los problemas. Yo estaba en un convoy de militares pero luego fui al lado de la Ministra. ¡Qué intensidad la de ella! Me apegué para darle confianza y para poder hablarle. Las necesidades nos acechan, le dije, hay que tratar tema por tema, buscar mecanismos y abrir un espacio de diálogo a nivel interinstitucional. Llegamos a firmar Acuerdos.7

Más tarde la Ministra Yolanda Kakabadse aseguró:

(…)Cuando apareció este conflicto en la escena política, el estado lo asumió como un tema importante porque aparecían elementos que sobresalían: conjugaban en el proceso los componentes ambiente y desarrollo. Se podía iniciar una etapa de aproximación para generar estrategias que pudieran contribuir a fortalecer la alianza ambiente y sociedad, es decir, buscar la vía de acceso a un sistema de desarrollo sostenible. Se podía motivar al aparato estatal para que mire hacia el futuro y, este caso era válido, en la medida que convocaba a los ecuatorianos a mirar más allá.8

1. SIGA: Consorcio integrado por Cecilia Miño Grijalva, Fernando Arroyo Toledo y Ricardo Crespo Plaza.
2. Cecilia MIÑO GRIJALVA: Entrevista a Carmen Yamberla- Lo que pasó…, si pasó, Quito, Imprefepp, 2000, p.71

8.Ibidem.

Según el Acta de Sesión de Trabajo realizada entre las autoridades del gobierno nacional y la comunidad indígena de Imbabura, en l999,  se acuerda la implementación de siete puntos entre los cuales consta, con el número cuatro, la necesidad de atender la situación entre la fábrica Cementos Selva Alegre, y, a la comunidad indígena que habita alrededor de su zona de influencia. Por su parte, la mencionada Secretaria de Estado, estableció una agenda de reunión, a ser realizada con la Presidenta de la FICI, en los primeros días de abril del mismo año.

En el contexto de un taller realizado entre el equipo técnico y la FICI, se estableció que este era un momento oportuno para implementar la estrategia política. Se decidió que la dirigente mencionada colocara en la agenda de trabajo, una propuesta bastante audaz: conformar un Comité de Alto Nivel, donde la voluntad política para tratar el caso, estuviera representada significativamente por el sector indígena, hecho que mostraría la aquiescencia del estado frente a la demanda. Sin duda, porque el pueblo indio tenía a la Vicepresidenta del Congreso Nacional, la Dra. Nina Pacari, a su favor. Había que tomar en cuenta, además, que el Presidente del Consejo de Desarrollo de los Pueblos (CODENPE), un organismo estatal, era indígena. De esta manera se completaba el Comité de Alto Nivel Político, incluyendo al Subsecretario de Energía y Minas, así como a representantes de la empresa: Cementos Selva Alegre, y, a la Directora de la FICI, por cierto.

Cuando se reunieron los actores, la estrategia planteada  fue acogida por unanimidad. En parte, porque la empresa: Cementos Selva Alegre, si bien asistió con su equipo técnico, legal e influyente, no había preparado ningún procedimiento. El estado implementaba una metodología de diálogo entre las partes, con el fin de que llegaran a un acuerdo. La FICI proponía un método mejor estructurado que conllevaba el componente de la evaluación técnica, capacitación a las comunidades indígenas ubicadas en la zona de influencia del complejo industrial para que puedan trabajar su propuesta. Sin embargo, había que dar soporte al Comité de Alto Nivel Político, creando un Comité Técnico interinstitucional que pudiera presentar sobre la mesa de negociación, la evaluación global de la situación de la empresa (planta industrial y minas de caliza) y de las comunidades, comité que estuviera integrado por representantes técnicos del estado, la empresa, y la Federación indígena.

Se decidió que el equipo profesional de SIGA, represente a la organización indígena y tome a su cargo la conducción del tema, toda vez que ya tenía a su haber una evaluación ambiental previamente realizada. Por su parte, el nuevo Comité Técnico, tenía la tarea de delinear las bases, sobre las que debía sustentarse la propuesta definitiva, a ser tratada en el Comité de Alto Nivel Político. La primera decisión que se desprendió de estas consideraciones fue: sacar al problema del ámbito local puesto que, si allí permanecía, la clientela cultivada a lo largo de los años por la empresa, podía interferir con el proceso reivindicativo indígena. El tema de la contaminación causada por la  Cementos Selva Alegre, era un tema pendiente puesto que, el paternalismo se imponía sobre toda conciencia, y, porque además de sufragar eventos sociales, manejaba los medios de comunicación y mantenía contratos con organismos seccionales. Por encima de la situación concreta, políticamente no existía una conciencia capaz de superar el clientelismo.

Sacar el problema del ámbito local y llevarlo a las más altas instancias del estado: el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente, resultaba fundamental, puesto que dichas instituciones tenían la competencia para exigir que la empresa extractiva cumpliera con el Reglamento de Minería. Por su parte, el Comité Técnico debía elaborar documentos que pudieran ser validados por los representantes del estado, de la empresa y de la federación indígena. Esta propuesta fue aprobada por el Ministerio del Ambiente.

La fórmula, si cabe el término, de formar los dos comités mencionados: Comité de Alto Nivel Político y Comité Técnico, imitó la estrategia que en mil novecientos noventa se creara desde el Ministerio de Energía y Minas para llevar adelante la primera Auditoría Ambiental que se hacía, en Ecuador, a una empresa petrolera, la TEXACO.9

Estructurar el método

La reivindicación se plantea en tres niveles:

1. a) El estado debía asumir un rol fundamental: exigir a la empresa que cumpla con los requisitos legales que impone el Ecuador a la actividad extractiva. Este parámetro permitía establecer una línea base: toda vez que el Ecuador exige un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que incluye un Plan de Manejo Ambiental (PMA), como instrumentos que viabilizan el Reglamento Minero, la estrategia básica que colocó el equipo técnico, fue la de proponer que se incluyera en dichos estudios la propia propuesta de la comunidad indígena, pues de esa manera, pasaría a ser aprobada por el estado, lo que le daría un carácter oficial y obligatorio. Esta era una propuesta que partía desde el presente al futuro.
2. b) En segundo nivel se sitúa el derecho a  la indemnización por los daños y perjuicios causados, tanto en la época en que fue dueño de la empresa  el estado ecuatoriano: mil novecientos setenta y ocho a mil novecientos noventa y cuatro, así como a partir de la fecha en que asumió la propiedad el grupo español mencionado: mil novecientos noventa y cuatro a mil novecientos noventa y nueve.

c)En un tercer nivel se sitúan los aspectos referidos al porcentaje al que tendrían derecho las comunidades indígenas, según el beneficio minero otorgado por la Constitución de mil novecientos noventa y ocho, a través de su artículo 84 y siguientes, relacionado con los Derechos Colectivos.

Recomendaciones del Comité Técnico

Por su parte, el Comité Técnico (estado, empresa, comunidad) emite las resoluciones que se ubican en tres niveles: legales: aplicación de la Ley de Minería y la Ley de Prevención de la Contaminación Ambiental (mil novecientos setenta y seis). Ambientales: medidas técnicas para mitigar los impactos de la actividad industrial (filtros), y, sociales: elaborar un Plan de Manejo Ambiental que incluyera la participación de la comunidad. El Documento de Recomendaciones compromete a la empresa Cementos Selva Alegre a incorporar otro filtro y lograr niveles internacionales permisibles de contaminación por partículas de polvo. La empresa garantizará su eficiencia de manejo ambiental, al conseguir la obtención de la norma ISO 14001. Atender a la salud de las poblaciones aledañas, tratamiento del agua y así disminuir enfermedades gastro – intestinales, parasitarias, dérmicas. Se estableció que, además, Selva Alegre contribuyera con una ambulancia que preste servicios  a las zonas alejadas de la atención médica pública.

La Gestión del Comité de Alto Nivel

A un mes después de haber entregado el Documento de Recomendaciones, se instala el Comité de Alto Nivel Político, el día diez y nueve de julio de mil novecientos noventa y nueve, en el Ministerio del Ambiente.  La empresa pide la aprobación del comité para proceder a la elaboración del Plan de Manejo Ambiental. Se acepta la petición.

1. Cecilia MIÑO GRIJALVA: Lo que pasó…, si pasó, Quito,Impefrepp,2000, p.81

La Presidenta de la FICI, Carmen Yamberla, anota la importancia de la participación de la comunidad en la elaboración del Plan de Manejo Ambiental. Se acepta la moción. Esta reunión es muy importante, además, porque en ella se concluye que el estado y la empresa deberán pagar a la comunidad indígena, las compensaciones por el impacto ambiental causado desde mil novecientos setenta y ocho hasta la actualidad. Es decir que, los dos niveles de reivindicación anotados, han sido aprobados por el Comité de Alto Nivel, instancia política máxima.

La decisión del Consejo de Cabildos y propuesta de la Comunidad

“Para bien o para mal, para el futuro de nuestras generaciones, esta es la resolución del consejo de cabildos”10, dijo Carmen Yamberla dirigiéndose al equipo técnico de SIGA, después de haber realizado una reunión de tres horas con las instancias indígenas:

• Necesitamos una extensión de treinta hectáreas la misma que deberá darnos el estado ecuatoriano por concepto de indemnización por los impactos que hemos recibido.
• La empresa: Cementos Selva Alegre, deberá adjudicarnos una cuota de cemento para proyectos de infraestructura y dotarnos de una cuota más para implementar una tienda, participar en el negocio de cemento, vender a otras comunidades, a un precio más bajo.
• Para poder atender la necesidad de oportunidades de trabajo para los comuneros, necesitamos que se nos tome en cuenta en las licitaciones de contratación a empresas privadas para realizar el mantenimiento de la carretera que une la fábrica con la mina de caliza.
• Necesitamos becas para que nuestros jóvenes hagan especializaciones formales en temas ambientales.
• Consideramos que los técnicos deben respetar las decisiones de la comunidad.

El acceso al beneficio de la producción del cemento

En marzo del año dos mil, se reinicia la labor del Comité de Alto Nivel y el tema fundamental a ser tratado, se concentra alrededor de la discusión sobre si la comunidad tiene acceso a participar  del beneficio de la producción del cemento, de acuerdo a lo establecido en la Constitución del Ecuador – Ley de Derechos Colectivos – artículo ochenta y cuatro, y, numerales.

La discusión fue intensa, ya que los técnicos de la empresa afirmaban que el cemento es un producto industrial y no cae en el acápite de recurso natural no renovable, porque entonces, sería la caliza la materia prima, la que habría de entregarse a las comunidades, y, un millón de quintales de esta, no serviría para nada. El equipo asesor de la FICI demostró que el cemento es un producto integrado, es decir, indisoluble en su constitución con la caliza, por ende, es de beneficio minero, lo que incidiría de manera fundamental en la cuantificación de la cuota en cemento que la fábrica debería entregar a la población indígena. Esta demostración fue colocada en el nuevo documento de recomendaciones, como base para que la empresa reconociera que, el beneficio minero al cual tiene derecho la comunidad indígena, debería ser calculado mediante un porcentaje, de acuerdo a su producción.

1. Cecilia MIÑO GRIJALVA: Lo que pasó…, si pasó, Quito, Imprefepp, 2000, p. 122

Días después, en una reunión al interior del Consorcio SIGA, se observa que la cuantía a la que puede acceder el derecho de las comunidades es inmensa. No existen en el Ecuador experiencias al respecto, y se piensa que el proceso de demanda debería ampliarse, al menos unos tres meses más, hasta conseguir referentes o contratar un economista ambiental que pudiera aplicar un sistema ya probado, en Canadá o E.U, por ejemplo, países que acreditaban una experiencia importante, en el tema de la actividad extractiva y formas de relacionarse con la comunidad. Las consideraciones eran reales y, a la vez increíbles, puesto que si la empresa producía un equivalente a cuarenta mil sacos de cemento al día, lo cual era posible, un simple 10% dado a la comunidad, significaría cuatro mil quintales de sacos de cemento diarios, lo que les garantizaba una economía segura para el presente y el futuro, en base al avance logrado en la nueva Carta de Estado de mil novecientos noventa y ocho.

El Consorcio SIGA, se instala en reunión con la FICI para comunicar, en primer lugar, sus puntos de vista respecto a los beneficios otorgados por la ley a las comunidades ubicadas en las áreas de influencia minera. Muestra que es fundamental realizar un cálculo de tipo costo-beneficio para que el acceso a la cuota de cemento pueda ser sostenible y que las próximas generaciones gocen de ese derecho. Sobre todo que, a través de un documento legal, se asegure que todo lo acordado va a ser cumplido por la empresa. Las conclusiones extraídas de la reunión fueron impactantes:

No necesitamos cuantificar la cuota de cemento, no necesitamos de estas acciones; queremos sentirnos gratificados, respetados; sentir que se respeta nuestra dignidad; participar en los procesos de desarrollo del país; estar involucrados socialmente; ser parte del grupo industrial, de los comerciantes. Estas aspiraciones no necesitan marco legal. No necesitamos cuantificar, queremos medidas equitativas de acuerdo a nuestras necesidades, no vamos más allá. Nosotros también tenemos nuestros trabajos y proyectos, respetamos la iniciativa privada.

En la última reunión del Comité de Alto Nivel Político, el secretario lee el Acta y anota que en esta reunión se tomarán los acuerdos definitivos. La presidenta de la FICI asegura que el cemento es un producto integrado y que sobre este hecho la comunidad tiene derecho al beneficio económico que le otorga la Constitución. Los ejecutivos de la empresa Cementos Selva Alegre, muy disgustados, afirman que fueron llamados para analizar asuntos relacionados con la Planta Industrial, ya que han cumplido con la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Se refuta esta opinión enfatizando que la Planta es parte integrante del proceso minero; a su vez el nuevo Ministro, Rodolfo Rendón, recuerda que el documento de recomendaciones está suscrito por sus técnicos. La Presidenta de la FICI arguye que no reclama por la propiedad privada sino que  exige, en razón del derecho que le asiste. De nuevo, la empresa sostiene que han reducido las emisiones de polvo instalando un filtro de amplio poder; que si están interesados en mejorar la calidad de vida de la población indígena. Frente a esta afirmación, la Presidenta de la FICI, sintiéndose satisfecha, agradeció por la buena voluntad demostrada y puso sobre la mesa, la necesidad de obtener la granja solicitada, previamente.

“Queremos aceptar la granja, como una compensación  por el daño causado a nuestra población. Una cuota de cemento puede ser dada si hay voluntad. Creemos que mediante una cuota de inversión se puede apoyar proyectos de desarrollo agrícola propuestos por la comunidad”.11

El llamado Acuerdo Marco, entre la empresa y la federación indígena, se firma en la Presidencia de la República, el siete de abril del año dos mil, acuerdo que habría de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la empresa.

1. Cecilia MIÑO GRIJALVA: Lo que pasó…, si pasó, Imprefepp, Quito, 2000, p.128

Se estableció que, máximo en el plazo de un mes, el estado entregará la granja y la empresa apoyará el proyecto agroindustrial, así como dotará a las comunidades de una cuota de cemento para que realicen sus obras de infraestructura emergentes y cumplirá con lo estipulado en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) lo que incluye programas de educación, atención a la salud y otros compromisos de tipo asistencial.

Conclusiones:

Desde el Estado Ecuatoriano: no se ha reglamentado la ley de Derechos Colectivos: Constitución de l998, avance legal relacionado con el beneficio minero que debe ir a favor de las comunidades que habitan el área de influencia de las empresas extractivas. Todavía esta ley se mantiene en un postulado de buenas intenciones.

Salta a la vista la debilidad institucional: no funcionan los marcos legales correspondientes; no se observa interés de las instituciones en  evitar conflictos entre empresa y comunidad. No existe una política pública que promueva el equilibrio entre los actores sociales.

Sin duda, la política neoliberal pone mayor atención en el crecimiento de las empresas que en el desarrollo armónico de la población. Ejemplo: En la época de Sixto Durán se desmantela el estado y se suprime la cooperación a los proyectos comunitarios. La globalización da a entender que nadie es responsable de nada.

El pueblo indígena actuó como lo ha hecho históricamente: pacta una situación de bienestar (como ellos la conciben)  más no como agentes económicos activos, frente a la perspectiva de cuantificar el posible porcentaje, ante la posibilidad de reclamar el beneficio minero. Llegaron al consenso priorizando un acuerdo de buena voluntad, más que una negociación sobre cifras. Esta forma tradicional de llegar a un acuerdo les ha permitido resistir. Sin duda, su conducta se sustenta en sus principios: “nuestra filosofía y cosmovisión ofrece un sentido distinto a la civilización de libre mercado y competitividad del capitalismo”12Frente a la situación actual, cuanto significado aporta este punto de vista.

La empresa: Cementos Selva Alegre, iba a defender el capital por encima de leyes, obligaciones, y, presiones sociales. Aceptó tratar el tema parcialmente: planta industrial, más no concesiones mineras; sabía que, en caso de hacerlo, tendría que abordar la destrucción del cerro Quinde, la contaminación de los ríos y el consiguiente daño al ecosistema.

Sin duda, la minería destruyó lo sagrado, aquel

(…) vínculo íntimo que no puedes violar porque es el poder natural. (…)A lo sagrado no lo puedes ver pero se lo siente en la conciencia y en la naturaleza (…) Se pierden los cerros, las fuentes, que son lugares donde se hacen las ofrendas. Desde el corazón trasmito y rezo. Con la minería desaparece todo y lo sagrado ya no existe.13

Si proyectamos este caso en el marco de la política pública, a partir de la primera década del año dos mil, vamos a  encontrar contradicciones dramáticas: frente a la ampliación de derechos colectivos (Constitución de l998), se da la ampliación de fronteras extractivas, y, obviamente, se amplía la frontera al capital. No existe empatía entre las dos fuerzas, más bien chocan por oposición. Se da un fuerte acaparamiento de tierras y sobre explotación de recursos naturales: hídricos, forestales y desapropiación territorial; se aumentan los conflictos de poblaciones inscritas en las áreas extractivas, así como aumenta la dependencia de los países neo extractivistas, de cara al sistemático vaciamiento de los recursos naturales. Se puede intuir que continuarán apareciendo zonas a ser destinadas al sacrificio. La destrucción de lo sagrado vendrá a ser el mensaje que legaremos al futuro.

1. Propuesta desde la visión de la CONAIE 2012: Proyecto político para la construcción del ESTADO       PLURINACIONAL E INTERCULTURAL,  Quito, Artes Gráficas Silva 2551-236, p.24
2. Cecilia MIÑO GRIJALVA: Lo que pasó…, si pasó, Imprefepp, Quito, 2000, p.128