DISCURSO DE BIENVENIDA AL ACADÉMICO CORRESPONDIENTE DOCTOR CLAUDE LARA BROZZESI

En efecto, el antiguo derecho de la pesca se fundamentaba sobre dos axiomas:
– La libertad de la pesca, y,

– El carácter inagotable de los recursos del mar.

Para los Estados del Pacífico Sur, éste representaba una amenaza constante: “38. Conceptos jurídicos como la libertad de pesca, formulados cuando se creía que los recursos del mar eran inagotables, no son válidos ante la capacidad depredadora de las grandes empresas de caza y pesca contemporáneos. Quienes se empeñan en sostener que no deben imponerse restricciones a la pesca en alta mar cierran los ojos a la realidad. Las modernas empresas de pesca han llegado a ser tan vastas y eficaces y poseen tal capacidad de destrucción, que ya no es posible seguir aplicando las ideas del pasado” (18). Y los países del Pacífico Sur han presentado los acuerdos tripartitos, firmados en 1952, como una respuesta a esta preocupación de la limitación de la zona de pesca (19).

Esbocemos algunas conclusiones sobre estas dos primeras Conferencias de las Naciones Unidas:

– Con cierta decepción los países ribereños del Pacífico Sur verificaron que la Conferencia se reunió ante todo para consolidar reglas antiguas y no como lo quería la Resolución 1105 (XI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas: “convocar una conferencia internacional de plenipotenciarios para que examine el Derecho del Mar, teniendo presente no solamente los aspectos jurídicos del problema, sino también sus aspectos técnicos, biológicos, económicos y políticos…” (20).

– La tesis de las 200 millas, presentada en Ginebra en el foro de las Naciones Unidas, reflejó el cuestionamiento radical de la norma antigua y, simultáneamente, la presentación de nuevas reglas basadas en el principio del desarrollo de los pueblos por el mar. Esta nueva ideología significaba la necesidad de extender su mar territorial y crear un nuevo territorio con nuevos derechos para conservar sus recursos y explotarlos.

-Las Conferencias de Ginebra, que se consideran como un fracaso, con el transcurso del tiempo, aparecen como transitorias. De este fracaso, se ha tomado conciencia que el Derecho clásico del Mar, tal como ha sido codificado en las Convenciones de Ginebra, si representa la quintaesencia de los principios tradicionales del Derecho Internacional, dejaba aparecer brechas decisivas, especialmente en la construcción del régimen de la plataforma continental y de la noción de interés especial del Estado costero.

Sin embargo como lo expresaron Chile, Ecuador y Perú, en Ginebra: “La falta de un consenso internacional, lo bastante comprensivo y justo, que reconozca y equilibre razonablemente todos los derechos e intereses, así como los resultados aquí obtenidos, dejan en plena vigencia el sistema regional del Pacífico Sur, …” (21).

La universalización de la tesis de las 200 millas fue el principal objetivo de los países del Pacífico Sur; por esta razón, en 1952, habían creado un Sistema propio y una organización internacional: la Comisión Permanente del Pacífico Sur. Y antes de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se había conseguido esta meta. Prueba de este éxito, son las palabras de la representante francesa ante el Comité de los Fondos Marinos, organismo creado por las Naciones Unidas para preparar esta Conferencia, la señora Annick de Marffy, cuando afirmó:

“A la lectura de los documentos presentados por los países representados por este grupo durante los trabajos del Comité, la unidad del continente latinoamericano encontró una expresión perfecta acerca de sus principios básicos. El tema relativo al régimen de los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional encontró la adhesión de la mayoría de los miembros de este grupo que presentó un proyecto común… (22).

Abordemos ahora la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y recordemos la importancia internacional de esta Conferencia, lo que significó para la diplomacia ecuatoriana y así conoceremos el nuevo territorio marítimo que la Convención de la Jamaica o CONVEMAR había creado para los Estados ribereños.

La Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, según la Resolución 2750 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1970, es: «el evento internacional de mayor importancia que haya realizado el mundo» (23) o «la más sobresaliente reunión diplomática registrada en los anales de las relaciones internacionales» (24), por su duración: quince años si se tienen en cuenta los trabajos preparatorios (Comité de los Fondos Marinos) y la Conferencia misma. Sus trabajos abarcaron un periodo de nueve años, en once reuniones que totalizaron alrededor de noventa y siete semanas de negociación continua y ciento noventa y tres sesiones y, todo esto, sin tomar en cuenta las múltiples reuniones oficiosas; por su gigantismo: no menos de 165 Estados (además de Namibia), 3 territorios, 8 movimientos de liberación nacional, 26 instituciones especializadas y otros organismos no gubernamentales participaron en las deliberaciones. Su amplitud no debe extrañar, pues la tarea era considerable: la renegociación del Derecho del Mar (25). Es necesario recordar este gran evento diplomático, puesto que el Ecuador, tal vez como nunca en la historia de sus relaciones internacionales, tuvo un papel muy destacado, principalmente, al ser el fundador y coordinador del Grupo Territorialista (26).

Como pioneros de esta tesis, es necesario recordar este gran evento diplomático, al ser el Ecuador, el fundador y el coordinador del Grupo Territorialista (27). Resaltemos lo que indicó el Presidente de la Delegación ecuatoriana, el Embajador Luis Valencia Rodríguez, al comenzar esta Conferencia cuando se conformó este  Grupo: “Gracias a la posición firme e invariable mantenida por la Delegación del Ecuador y a las gestiones desarrolladas por ella, se logró el 26 de agosto de 1974, al finalizar la Conferencia de Caracas, constituir el Grupo Territorialista integrado por las delegaciones de Estados que mantenían la tesis de la soberanía sobre mares amplios. El objetivo fundamental del Grupo debía ser intercambiar puntos de vista sobre los resultados de la Conferencia y estructurar una estrategia común para los próximos períodos de sesiones… Se encargó a la Delegación del Ecuador las labores de coordinación, así como ponerse en contacto con otros países territorialistas a fin de invitarlos a ingresar en el Grupo” (28).

Otro aspecto de la influencia de nuestra diplomacia marítima en las negociaciones internacionales, está claramente formulado en la respuesta a esta pregunta al Jefe de la Delegación Ecuatoriana, Embajador Luis Valencia Rodríguez: “¿Cuál ha sido el papel del Grupo Territorialista? En primer lugar debo recordar que el Grupo de países territorialistas fue estructurado en Caracas en 1974 por iniciativa del Ecuador, desde entonces hasta la presente fecha, el Ecuador ejerce la presidencia del Grupo. Está constituido actualmente por 23 Estados que tienen mares territoriales mayores de 12 millas. El Grupo es una minoría en relación con los 164 Estados que participan en la Conferencia. Además, dentro del Grupo existen importantes matices diferenciales. Sin embargo, ha sido por la persistencia del Grupo, por la posición radical adoptada, por la inalterable defensa de posiciones, en todo lo cual la delegación del Ecuador se ha destacado de manera especial, que se ha conseguido el fortalecimiento de los derechos del Estado ribereño en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental. Fue la acción del Grupo, y de la delegación ecuatoriana dentro de él, durante estos siete años de negociaciones, a través de la defensa del mar territorial de hasta 200 millas, la que logró vencer las resistencias de las grandes potencias y muchos otros Estados hasta llegar al proyecto que ahora constituye el antecedente inmediato de la Convención… “ (29).

El Embajador Antonio José Lucio Paredes, jefe de la delegación ecuatoriana en el XI Periodo de Sesiones de la IIIra. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, declaró en esta sesión del 30 de abril de 1982 que el Ecuador no firmaría el texto de esta Convención.

Sinteticemos así las motivaciones que justifican la posición nacional sobre este nuevo territorio, recientemente creado por el Derecho del Mar:

– Para el Ecuador, la Zona Marítima de 200 millas es mar territorial y no un mar territorial de 12 millas con una zona de 188 millas con soberanía limitada sobre los recursos vivos y no vivos; además,

– el desconocimiento del mismo tratamiento a las islas de un Estado, como es el caso del archipiélago de Galápagos, con los Estados archipiélagos; y finalmente,

– el desacuerdo sobre el régimen de las especies altamente migratorias, como el atún, en la zona económica exclusiva (30).

El nuevo territorio que la Convención de la Jamaica o CONVEMAR había creado era una Zona económica exclusiva, arts. 55-57, que: “es un área situada más allá del mar territorial y adyacente a éste” en el cual el Estado ribereño tiene: “derechos de soberanía, jurisdicción y deberes sobre la exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos…”, y que no se extenderá más allá de 200 millas marinas y en la cual gozarán de las libertades de navegación y sobrevuelo y de tendido de cables y tuberías submarinos (31).

Con 130 votos a favor, 4 votos en contra y 17 abstenciones (32), la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar había logrado, después de 14 años de negociaciones en los que habían participado 165 países, la elaboración de un nuevo Derecho del Mar codificado en una Convención de 320 artículos y nueve anexos.

Ahora examinemos cómo el país ha vivido su historia de la tesis y la manera de codificar su nuevo territorio.

d) El Ecuador y la tesis de las 200 millas

Como lo hemos indicado ya, el Ecuador, desde 1952, ha sido territorialista. Al nivel interno, presentaremos algunos aspectos referentes a la aplicación de la tesis de las 200 millas y a la configuración de nuestro nuevo territorio, a través de dos crisis internacionales, y con la de nuestra reciente adhesión a la CONVEMAR.

¿Qué es el territorialismo? Presentaremos la definición del Embajador salvadoreño, Galindo Pohl: «33. El orador desea comentar el significado del término «territorialismo». Hace un cuarto de siglo cuando ciertos países comenzaron a reclamar una anchura del mar territorial mayor que la acostumbrada, utilizaron los términos corrientes pero les dieron un nuevo sentido… Cuando se dice territorialismo no se implica necesariamente la noción tradicional de mar territorial en toda la zona aludida. Se habla de un concepto nuevo y más amplio, que absorbe el antiguo mar territorial en un marco más comprensivo y diversificado, sin mengua de la unidad. El territorialismo afirma la pluralidad dentro de la unidad…” (33).

El Ecuador, desde la negociación de la “Declaración de Santiago”, durante la Primera Conferencia sobre Explotación y Conservación de las Riquezas Marítimas del Pacífico Sur y su aprobación el 18 de agosto de 1952, ha representado este nuevo territorio -definido como Zona Marítima- como un mar territorial de 200 millas.

Sin embargo, en el país, la tesis de las 200 millas y el nuevo territorio fueron objetos de crisis nacional e internacional muy serias.

Posteriormente a la “Declaración de Santiago”, las relaciones entre el Ecuador y los Estados Unidos de América se deterioraron notablemente, debido a los barcos pesqueros estadounidenses apresados, la liberación de sus tripulaciones y el respectivo pago de multas. Por estas razones, en mayo de 1963 el Gobierno del Presidente Arosemena Monroy inició negociaciones con los Estados Unidos. Y nuestro Embajador político en ese país, Neptalí Ponce Miranda, manifestó en una comunicación oficial a nuestra Cancillería estos puntos:

– Era necesario negociar con los Estados Unidos un Modus Vivendi -acuerdo provisional e informal- para encontrar una solución temporal que en nada afectaría el valor jurídico de la “Declaración de Santiago”.

– Mientras tanto, las partes entablarían conversaciones sobre pesquerías en Quito.

– Por parte del Ecuador, era necesario que en estas negociaciones, los Estados Unidos, reconocieran las 12 millas de mar territorial y  una zona marítima contigua de 188 millas  (34).

La caída, el 11 de julio de 1963 del Gobierno del Presidente Arosemena Monroy, hizo que asumiera el mando una Junta Militar integrada por el Contralmirante Ramón Castro Jijón, y los Coroneles Marcos Gándara Enríquez, Luis Cabrera Sevilla y Guillermo Freile Posso (35), y que fuera nombrado Canciller Neptalí Ponce Miranda. El Modus Vivendi, celebrado a través de dos memorandos, firmados los días 13 y 26 de septiembre de 1963 y cuando la Junta Militar dimitió de la jefatura el 29 de marzo de 1966, y las Fuerzas Armadas Nacionales encargaron la Presidencia interina al Señor Clemente Yerovi Indaburu, denuncias gravísimas fueron formuladas. El Embajador de carrera Luis Valencia Rodríguez, como Canciller de la República, el 13 de diciembre de 1965, indicó: “Mi preocupación fundamental, como responsable y ejecutor directo de la política internacional del país, fue liquidar aquel Modus Vivendi…” (36). En sesión pública del 29 de diciembre de 1966 ante la Asamblea Nacional Constituyente enunció las justificadas razones mostrando que: “a) ese entendimiento atentaba contra la soberanía nacional, la integridad  territorial, la dignidad, el prestigio y la economía del país;…”(37). Así el 29 de marzo de 1966, nuestro Canciller convocó al Embajador de los Estados Unidos para entregar el documento por el cual se puso fin al Modus Vivendi:

“El Gobierno de la República del Ecuador, en guarda de los altos intereses nacionales, ha adoptado la decisión soberana de dar por terminado el Modus Vivendi concertado mediante memorandos reservados de 13 y 25 de septiembre de 1963, entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de los Estados Unidos de América en Quito.

En consecuencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene a bien notificar, de manera formal, a la Embajada de los Estados Unidos de América que da por terminado el referido Modus Vivendi sin perjuicio de lo cual otorga un plazo de hasta noventa días para la cesación práctica de sus efectos.” (38).

Asimismo, el diputado por Guayas, doctor Carlos Julio Arosemena, en la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente del 21 de noviembre de 1966 (39), formuló: “un ataque político contra la derrocada Junta Militar de Gobierno, en torno al Modus Vivendi. Expresó en síntesis, que en la “Declaración de Santiago”  los países del Pacífico Sur habían fijado en 200 millas la extensión del mar territorial; que dichos países se habían comprometido a defender unilateral y colectivamente su riqueza ictiológica…” Y la Asamblea Nacional el 24 de enero de 1967 sancionó a los responsables militar y diplomático: “-así como todos aquellos que de una manera o de otra coadyuvaron a la concertación del antipatriótico Modus Vivendi,” (40). Posteriormente, esta sanción fue derogada por decreto Nº 65 del Presidente de la República, Velasco Ibarra, de 21 de octubre de 1970 (41).   

En cuanto a la posición ecuatoriana sobre las 200 millas  y nuestro nuevo territorio, es innegable que este Modus Vivendi atentó  “contra la soberanía nacional, la integridad  territorial, la dignidad, el prestigio y la economía del país;…”, al presentar, aun de manera reservada, informal y provisional, nuestra Zona Marítima comprendida por un mar territorial de 12 millas y una eventual zona marina contigua de 188 millas (42).

Dentro del Sistema Marítimo del Pacífico Sur, los incidentes más numerosos se produjeron entre los pescadores estadounidenses y las autoridades ecuatorianas. Si el Ecuador, de 1966 a 1971, había capturado ya y condenado a treinta y dos barcos pesqueros estadounidenses, la crisis iba a estallar y agravarse con lo que se ha llamado la “Guerra del atún” (43). Entre el 10 de enero de 1971 y el 15 de enero de 1972, en la zona de nuestras 200 millas, cincuenta y tres barcos atuneros fueron detenidos y condenados por las autoridades ecuatorianas. La suma total de las multas se elevó a más de dos millones de dólares, pues había reincidentes. En la época, el permiso otorgado por el Ecuador fijaba la suma a 20 dólares por tonelada. Y, el “New York Times”, del domingo 21 de marzo de 1971, informaba que: “la flota de los Estados Unidos ha capturado en el Pacífico oriental 81.000 toneladas de atún de aleta amarilla y barrilete, calculándose que el valor de la cosecha anual llegaría a 85 o 90 millones de dólares” (44). La inflexibilidad del Gobierno ecuatoriano en la represión de los navíos de pesca extranjeros que operaban sin licencia en sus aguas territoriales y las amenazas y las represalias del Gobierno estadounidense (deducción y cesación de la ayuda económica, suspensión de la ayuda militar y de préstamos para compra de armamentos), iban a dar sus frutos.

Frente a esas sanciones, la actitud del Gobierno nacional permitirá a nuestra diplomacia marítima conocer uno de sus mayores éxitos: “Al haberse roto, por parte de una Nación poderosa, una de las más importantes normas del Sistema Jurídico Interamericano, consagrada en la Carta fundamental que lo rige, era menester que la Nación perjudicada por esa acción apelara a los Organismos Continentales encargados de velar por la vigencia y respeto de tales normas” (45). Por intermedio del Embajador de carrera Jorge Fernández, recodémoslo: negociador y firmante de la tan famosa “Declaración de Santiago” , solicitaba, en Washington, el 26 de enero de 1971: “… en cumplimiento de expresas instrucciones de mi Gobierno, la convocatoria, de acuerdo con lo dispuesto en la 1ª parte del Artículo 59 de la Carta de la OEA, de la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, para tratar un asunto de carácter urgente y de interés común para los Estados americanos, surgido por la aplicación de parte del Gobierno de los Estados Unidos de América de medidas coercitivas a mi país, en oposición expresa al Artículo 19 de la Carta de la Organización” (46). Así que el planteamiento del Ecuador de convocar a una reunión de carácter “urgente y de interés común para los Estados Americanos” por el problema surgido fue totalmente favorable: “22 países, en votación nominal solicitada por el Canciller ecuatoriano, pronunciaron un sí rotundo aceptando la solicitud ecuatoriana de convocar una Reunión de Consulta de Cancilleres…” (47). Con la resolución CP/RES 32 (37/71), el Consejo Permanente convocó a la XIV Reunión, el 31 de enero de 1971, y en su &3 reiteró tajantemente la condenación de medidas coercitivas en las relaciones interamericanas, al: “exhortar a los Estados Miembros para que en sus relaciones recíprocas observen rigurosamente los principios de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y se abstengan de utilizar todo género de medidas que afecten la soberanía de los Estados y la tranquilidad del Hemisferio” (48). En estas breves indicaciones acerca de la “Guerra del atún”, concluiremos con estas declaraciones del Canciller ecuatoriano José María Ponce Yépez, el 3 de febrero, a su regreso de Washington: “…el párrafo 3º de la parte dispositiva constituye un elemento de mucha importancia que sólo puede interpretarse en relación con el contenido de la propia resolución. Si bien la exhortación está dirigida a los Estados Miembros, a fin de que observen rigurosamente los principios de la Carta y se abstengan de utilizar todo género de medidas que afecten a la soberanía de los Estados y a la tranquilidad del Hemisferio, es un hecho evidente y fuera de toda duda que dentro del problema planteado en la XIV Reunión de Consulta, el único Estado que ha adoptado medidas que afectan a la soberanía de otro ha sido Estados Unidos de América” (49). Finalmente, conviene recordar que el 20 de enero el Perú manifestó su apoyo y Chile el 21 (50), y que los consignatarios de la “Declaración de Santiago”  sostuvieron al Ecuador, al emitir un pronunciamiento oficial, el 3 de febrero, en el que reafirmaban su adhesión al límite de las 200 millas y su voluntad de operar en común para defender esta reivindicación (51). Como bien lo recalcó el Embajador Guillermo Sevilla Sacasa, Decano del Cuerpo Diplomático ante la OEA: “Durante mis 28 años en la OEA, nunca he visto nada más sensacional que lo realizado por el Ecuador en la Reunión de Consulta. Un país pequeño que luchó valerosamente contra un gigante y consigue una condena contra el poderoso. Merece la Delegación Ecuatoriana un gran aplauso por la estrategia y la inteligencia con que condujo el problema” (52).

Si esta presentación, por su brevedad, no tiene la pretensión de resumir la actuación nacional e internacional del Ecuador; sin embargo, refleja ciertas líneas fundamentales de cómo el país ha mantenido la interpretación jurídico-política originaria de la tesis de las 200 millas y cómo ha configurado su nuevo territorio.

Juan Miguel Bákula afirmó con toda razón: “la tesis triunfante de las 200 millas  nos convoca, hoy, a usar una herramienta y no a recitar una leyenda” (53). Por lo tanto, esta cita nos permitirá comprender mejor los cambios ocurridos acerca de la adhesión del Ecuador a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

Nuestra adhesión a este tratado (54), mediante Decreto Ejecutivo 1238, de 15 de julio de 2012, y depositado el 24 de septiembre de 2012 a la Secretaria General de las Naciones Unidas,  nuevamente nos permite formar parte de la Comunidad internacional y también definir para el siglo XXI un nuevo territorio para el Ecuador. En efecto, ahora, por primera vez en la historia de la tesis de las 200 millas tenemos un territorio marítimo reconocido internacionalmente -casi cuatro veces la superficie del territorio continental-, el cual se compone de un mar territorial de 12 millas y de una zona económica exclusiva de 188 millas, esto es casi 1.100.000 km2.

Luego, para el siglo XXI, gracias a nuestra adhesión a la CONVEMAR, artículo 76 &&: 4-6 sobre la plataforma continental, tenemos la posibilidad de ampliar aún más el territorio nacional: “Más aún, debido a que en Galápagos la plataforma geológica se extiende de manera continua unas 600 millas hacia el este y sobre la tesis de las 200 millas hacia el noroeste, la Convención le ofrece la oportunidad al Ecuador de que, satisfaciendo ciertos requisitos señalados en las Directrices Científicas y Técnicas de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLCS/11), pueda ampliar los derechos de soberanía sobre los recursos de la plataforma más allá de las 200 MN, en una superficie adicional aproximada de 310.500 km2” (55).

Adicionalmente, después de haber negociado exitosamente (56) el “Convenio sobre Delimitación Marítima entre la República de Costa Rica y la República del Ecuador”, suscrito en Quito el 21 de abril de 2014 y aprobado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica el 27 de julio de 2015, una vez que nuestra Asamblea Nacional lo ratifique (57), gracias a la tesis de las 200 millas codificadas por la CONVEMAR, el Ecuador será fronterizo con Costa Rica. Gracias a esta nueva frontera establecida, geográfica y jurídicamente, no sólo somos vecinos de América del Sur, sino también, muy próximamente de América Central, a través de Costa Rica (58).

Acerca de la tesis de las 200 millas y del nuevo territorio ecuatoriano: “me parece muy interesante el enfoque suyo respecto a la creación de una diplomacia marítima nacional. En efecto, esto es así, pues a raíz de la defensa de nuestros intereses en el mar de 200 millas, creado desde 1952, se ha establecido una verdadera especialización en la diplomacia, a fin de atender las exigencias que presenta el nuevo Derecho del Mar”(59.) En efecto, si no recordamos a estas personalidades ecuatorianas, si no conservamos los documentos existentes; por ejemplo ¿quién sabrá por qué el organismo principal del Sistema Marítimo del Pacífico Sudeste, la Comisión Permanente del Pacífico Sur, después de 49 años de rotación de su Secretaría General entre los cuatro países miembros, tiene su sede definitiva en Guayaquil, desde que se firmó en Quito, el 29 de noviembre del 2001, el “Addendum al Convenio de Privilegios e Inmunidades entre el Gobierno del Ecuador y la Comisión Permanente del Pacífico Sur?”(60). ¿Quién se acordará que el cofundador de la Comisión Permanente del Pacífico Sur es un ecuatoriano? (61). ¿O repetiremos una vez más, como si estuviéramos viviendo en 1929, que nuestro territorio mide 283 561 km2 y que somos uno de los países más pequeños de América del Sur?

Debido a las limitaciones de esta presentación, si comparamos la situación actual con la de 1952, dada la adquisición de este nuevo territorio, recordemos que el Ecuador se ha vuelto un país pesquero importante, con un comercio marítimo nacional e internacional notable, con 10 puertos que tienen actividades variadas y una considerable flota mercante y, finalmente, con la formación de una mano de obra pesquera numerosa y calificada (62).

Por lo tanto, la historia de la tesis de las 200 millas, en el siglo XX, es la del nacimiento y la construcción de un nuevo territorio por el país y para el Ecuador de este nuevo milenio.

Para concluir nuestra intervención, enunciemos algunas consideraciones acerca de la “historia de las 200 millas, un nuevo territorio para el Ecuador”:

La historia de esta tesis nos cuenta que tenemos un nuevo territorio de más de 1.100.000 km2, y la posibilidad de extenderlo con la plataforma continental de Galápagos, el que ha sido definido y codificado a través de nuestras constituciones, desde 1945, y reconocido también por el derecho internacional actual.

“Somos pequeños”, dice la gente. ¿Cómo salir de esta paradoja, formulada ya por el gran ensayista Leopoldo Benites, cuando escribió: “El Ecuador es un drama de la geografía”? (63). Es una de las grandes preguntas del siglo XXI: ¿cómo reconciliarnos con nuestra geografía?

Recientemente usted afirmó, señor Director, que: “Ser académico no sólo debe ser una mención en nuestro currículum, sino, ante todo, un compromiso con nuestra institución y con nuestra tarea científica” (64). En calidad de nuevo miembro, me permito sugerir lo siguiente:   

Como la Academia Nacional de Historia lo ha hecho ya con nuestra Amazonía (65), sería necesario organizar simposios sobre la historia marítima del Ecuador con los capítulos académicos de nuestra Costa (Guayaquil, Manabí y El Oro). Asimismo, como somos miembros fundadores del Sistema Marítimo del Pacífico Sudeste, creado también en 1952, incluir esta geografía compartida, la de nuestro Océano Pacífico, en las agendas de las Academias de la Historia de Colombia, Perú y Chile. Luego, acerca de nuestra vecindad centroamericana, avecinarnos más con las Academias de Historia de esta nueva región latinoamericana, para que, gracias a nuestros encuentros académicos, esta  vecindad sea real, viva y productiva. Finalmente, como lo escribió el académico Comandante Mariano Sánchez Bravo: “El día viernes 21 de noviembre de 1997 el Instituto de Historia Marítima efectuó en una ceremonia la presentación de los dos primeros tomos de la Historia Marítima del Ecuador y desde aquel entonces distintos historiadores continuaron con la ardua tarea de investigar y escribir dicha historia marítima, que se ha ido editando a lo largo de 17 años, hasta que en la presente contamos con 16 volúmenes, estando próximo a culminar ese gran empeño” (66). Notable ejemplo para la Cancillería, en colaboración con nuestra Academia, para que elaboren una historia de la diplomacia marítima ecuatoriana.

Y terminaré con esas dos notas personales. Gracias señor Director por haberse referido a mi Padre (67), académico también de la historia. Escogí justamente el 21 de enero, fecha de su nacimiento, para rendirle un homenaje a quien me enseñó a leer, escribir e investigar sobre el Ecuador. Fue mi primer Maestro.

La investigación requiere un nido, una atmósfera, una comunión y una luz; lo debo a María Beatriz, mi esposa.

Muchas gracias por su presencia y por compartir conmigo este gran momento de felicidad, de distinción y de esperanza en el futuro del país.

Notas

Acerca de las obras del autor reproducidas en internet sobre Derecho del mar, ver:

http://arqueologia-diplomacia-ecuador.blogspot.com/p/diplomacia.html

(1) Carlos Puig Vilazar: “No hay razón alguna para que si pudimos por medio de una declaración unipersonal nuestra fijar nuestro mar territorial en 12 millas de distancia de nuestras costas por Decreto Legislativo de 6 de noviembre de 1950, no podemos ahora de acuerdo con los consejos de la técnica, aumentar esa distancia a doscientas millas. El mismo Decreto Legislativo de 6 de noviembre de 1950 contempla en su art. 4º la posibilidad de ese aumento del área de nuestro mar territorial” in: El Ecuador y la Declaración sobre Zona Marítima, 1952-2007, Crear gráficos, Quito, diciembre 2007;  pág. 403. Además, acerca de los otros instrumentos internos, de Luis Valencia Rodríguez ver el capítulo: “El código civil ecuatoriano y el mar territorial de 200 millas” in: Ecuador y las 200 millas, Quito, noviembre 2006, segunda edición actualizada, 2006  pp. 43-45.

Versión electrónica:

Carlos Puig Vilazar: nacimiento, negociación de las 200 millas ecuatorianas y creación de la Comisión Permanente del Pacífico Sur , in:

http://arqueologia-diplomacia-ecuador.blogspot.com/2011/05/novedadesnouveautes_24.html

(2) Claude Lara Brozzesi: El Ecuador y la Declaración sobre Zona Marítima, 1952-2007, ibid. nota 1;  págs. 25-26.

Versión electrónica:

http://arqueologia-diplomacia-ecuador.blogspot.com/2011/01/el-ecuador-y-la-declaracion-sobre-zona.html

(3) Ibídem; pág. 35.

(4) Ibídem; págs. 433-435.

Versión electrónica:

Declaración sobre Zona Marítima  (Declaración de Santiago):

http://arqueologia-diplomacia-ecuador.blogspot.com/2011/01/declaracion-sobre-zona-maritima.html

Nuestros estudios sobre la Declaración sobre Zona Marítima:

– Contribución Crítica sobre la Interpretación Jurídica de la Declaración de Santiago, in: http://arqueologia-diplomacia-ecuador.blogspot.com/2011/01/contribucion-critica-sobre-la.html

– 45 Años de la Declaración de Santiago, reflexiones sobre la posición territorialista, in:

http://arqueologia-diplomacia-ecuador.blogspot.com/2010/04/45-anos-de-la-declaracion-de-santiago.html   

– La Declaración sobre Zona Marítima o de Santiago y la Delimitación marítima entre Colombia, Perú, Ecuador y Chile in: http://arqueologia-diplomacia-ecuador.blogspot.com/2011/01/la-declaracion-sobre-zona-maritima-y-la.html

Así como la presentación de documentos inéditos sobre la negociación de la Declaración de Santiago y las interpretaciones de nuestros representantes: Jorge Fernández Salazar y Carlos Puig Vilazar:

– Jorge Fernández Salazar, el nacimiento y la negociación de las 200 millas ecuatorianas, in:

http://arqueologia-diplomacia-ecuador.blogspot.com/2011/01/jorge-fernandez-salazar-el-nacimiento-y.html

– Carlos Puig Vilazar: nacimiento, negociación de las 200 millas ecuatorianas y creación de la Comisión Permanente del Pacífico Sur , in:

http://arqueologia-diplomacia-ecuador.blogspot.com/2011/05/novedadesnouveautes_24.html

(5) “El Encargado de Negocios del Ecuador y delegado de su país, don José Fernández Salazar S., observó la inconveniencia de incluir la palabra zócalo en la denominación de la Declaración, agregando que podría denominarse Proyecto de Declaración sobre Zona Marítima, para evitar cualquier eventual discusión que pudiera producirse como consecuencia de definiciones preestablecidas o por derechos que otras naciones consideren adquiridos a base de tales definiciones. El señor Ulloa manifestó que estaba de acuerdo con los puntos de vista expresados por el representante del Ecuador, y que creía más oportuno que el suelo del mar a cualquiera profundidad a que se encontrara, quedara comprendido dentro de la jurisdicción de los respectivos países, como consecuencia de su declaración de soberanía sobre las aguas que lo cubren y no consignar como se hace en el proyecto en primer término la soberanía sobre el zócalo o suelo y como consecuencia de lo anterior, proclamar soberanía sobre las aguas que lo cubren. Los Delegados de Chile expresaron estar conformes con las observaciones de los señores Delegados de Ecuador y Perú…”. Ibid. nota 1, pág. 75. Y por analogía, cuando en la Segunda Conferencia de 1954, se negoció el Proyecto de Acuerdo Complementario  de la Declaración de Santiago de 1952, leemos: “Según el acta de la Primera Sesión de la Comisión I:

…El señor Comandante Llosa expone que sobre este artículo la Delegación del Perú desea hacer una modificación no ya de redacción sino de fondo. Sustituir la frase mar territorial por la zona marítima. Expone largamente el Delegado del Perú las razones que lo llevan a proponer este cambio, pues está seguro de que el término zona Marítima encontrará menor resistencia en el campo internacional que el de Mar Territorial.

El señor Ruiz, Secretario General de la Comisión Permanente expresa su conformidad con la propuesta peruana ya que ella no debilita el concepto de mar territorial y aporta ventajas diplomáticas. Países que no están dispuestos a modificar su legislación sobre mar territorial, podrían aceptar la nueva teoría del Mar Adyacente y que ello nos permitiría ganar votos en las reuniones de la OEA, por ejemplo.

El señor CRUZ OCAMPO aclara nuevamente que él no ve diferencia entre los conceptos de Zona Marítima y Mar Territorial, pero manifiesta que está de acuerdo en la sustitución.

El señor Delegado del Ecuador, SALVADOR LARA expresa también su conformidad, por lo que el señor Presidente declara aprobado la sustitución quedando el artículo I redactado en la siguiente forma: Chile, Ecuador y Perú, procederán de común acuerdo en la defensa jurídica del principio de Soberanía sobre la Zona Marítima hasta una distancia mínima de 200 millas marinas…” Ibid. nota 1, págs.76-77.

(6) Ibid. nota 2; pág. 120 y págs. 214-215, notas 164 y 165.

(7) Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, el Fallo de la Corte Internacional de Justica Delimitación marítima entre el Perú y Chile ante la Corte Internacional de Justicia, tomo IV, Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, Fondo editorial del Congreso del Perú, Lima-Perú, 2015; pág. 14.

(8) Claude Lara Brozzesi: “El Ecuador y la Convención de las Naciones Unidas sobre el nuevo Derecho del Mar de 1982: algunas reflexiones”, in Folletos de la Academia N°3. Ecuador y el Derecho del Mar-El Papel de la CPPS. Imprenta del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, Quito-Ecuador, 1998; pág. 32.

(9)  Claude Lara Brozzesi: La Doctrina Latinoamericana y el Sistema Marítimo del Pacífico Sudeste. Editorial El Duende, Quito-Ecuador;  pág.51.

Versión electrónica:

http://arqueologia-diplomacia-ecuador.blogspot.com/2011/01/libro-la-doctrina-latinoamericana-y-el.html

(10) Ibídem. pág. 60.

(11) Ibídem. pág. 55.

(12) Podemos resumir estos acuerdos a esos puntos:  El derecho de los Estados costaneros a disponer de sus recursos naturales que se encuentran en los espacios marítimos adyacentes para explotarlos en función del desarrollo económico, social y cultural de sus pueblos, y en virtud de su soberanía sobre los mismos; y, el derecho de los Estados ribereños por defender los intereses de sus pueblos y, en acuerdo con  el Derecho internacional, establecer zonas en las cuales ejercerán su soberanía o su jurisdicción marítimas, conforme con criterios razonables y tomando en cuenta sus circunstancias geográficas y ecológicas así como sus necesidades en la explotación de sus recursos, sin que ello perjudique el principio de la libre comunicación internacional. Ibid. nota 9; pág. 63.

(13) Ver nuestra presentación y comentarios sobre estas declaraciones. Ibid. págs. 76-97.

(14) Claude Lara Brozzesi: El Territorialismo latinoamericano en el Derecho del Mar, Taski editora S.A., Banco Central del Ecuador, Quito; pág. 110.

Versión electrónica:

http://arqueologia-diplomacia-ecuador.blogspot.com/2010/08/el-territorialismo-latinoamericano-en.html  y

Las I y II Conferencias de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Sistema Marítimo del Pacífico Sur , in:

http://arqueologia-diplomacia-ecuador.blogspot.com/2011/01/las-i-y-ii-conferencias-de-la.html

(15) En este mismo sentido, el  Delegado peruano manifestó: “Que los Estados ribereños tienen interés vital en la adopción de medidas de orden legal, administrativo y técnico para la conservación y prudente utilización de los recursos naturales existentes o que se descubran en las indicadas zonas, en su propio beneficio, del Continente y de la comunidad de naciones”. Ibid.; pág. 111.

(16) Ver: Documento A/CONF. 13/L50. Ibid. págs. 200-201.

(17) Ibid.; págs. 116-117.

(18) Esta libertad abstracta era no sólo devastadora sino que reforzaba el privilegio de los Estados capaces de pescar en alta mar. Es lo que denunciaba también el representante de Chile: “9. La libertad de que no pueden gozar todos los Estados en un pie de igualdad no es verdadera libertad. Las disposiciones de que sólo puedan beneficiarse los Estados que disponen de importantes recursos económicos no establecen la libertad, sino un privilegio del que sólo pueden disfrutar los Estados poderosos”. Ibid.; pág. 119.

(19) “… La falta de un consenso internacional, lo bastante comprensivo y justo, que reconozca y equilibre razonablemente todos los derechos e intereses, así como los resultados aquí obtenidos, dejan en plena vigencia el sistema regional del Pacífico Sur, que representa la protección de situaciones vitales para los países de esa región, mientras no se encuentren soluciones justas y humanas…” Ibid. nota 16; pág. 201.  

(20) Ibid.; pág. 120.

(21) Ibid. nota 14; pág. 201.

(22) “Igualmente, se comprobó la unidad al nivel de las proposiciones que contenían el programa de trabajo que versaban sobre aspectos de procedimiento o de establecimiento de una lista de cuestiones y temas que, sin embargo, encerraban un aspecto de más sustancia. Pero, el fraccionamiento de las posiciones apareció cuando se trató de los intereses directos de los Estados ribereños en sus aguas epicontinentales o en el suelo y subsuelo adyacentes a sus costa…”. Ibid. nota 9; pág. 87.  

(23) Claude Lara Brozzesi: “Nota bibliográfica: Traité du Nouveau Droit de la Mer”. Revista de AFESE/87-mayo-agosto 1987, n°11, Quito-Ecuador; pág. 117 e ibid. nota 14; págs. 12-13.

Versión electrónica:

http://arqueologia-diplomacia-ecuador.blogspot.com/2011/01/nota-bibliografica-sobre-el-tratado-del.html

(24) Ibid.

(25) “El Ecuador y la Convención de las Naciones Unidas sobre el nuevo Derecho del Mar de 1982: algunas reflexiones”. Ibid. pág. 13.

Versión electrónica:

http://arqueologia-diplomacia-ecuador.blogspot.com/2011/01/el-ecuador-y-la-convencion-de-las.html
(26) Ibid. p.12.

(27) Luis Valencia Rodríguez: El Ecuador y las 200 millas, ibid. nota 1; pág. 125 e ibid. nota 25; págs. 10-19.

(28) Ibid. nota 25; pág. 13.

(29) Ibid; pág. 166.

(30) “Señor Presidente: en mi comunicación dirigida a usted el 13 de abril de 1982, y que se halla reproducida en el documento A/Conf.62/L.128, le informé que el Ecuador ‘No participará en el consenso para la adopción del proyecto de convención sobre el derecho del mar’.- De acuerdo con lo que indiqué en esa comunicación, y siendo esta la sesión plenaria en que ha sido adoptado el proyecto de convención, deseo ahora formular, por instrucciones de mi gobierno, una declaración para explicar las razones que apoyan la conducta de mi delegación.- La delegación ecuatoriana ha mantenido indeclinablemente, durante todas las negociaciones de esta conferencia, la defensa de los derechos que corresponden al Ecuador en su mar territorial de 200 millas, tanto en la parte continental, como en el Archipiélago de Galápagos, derechos que han sido notoriamente y desde hace muchos años declarados por el Ecuador sin violar norma alguna de derecho internacional, inclusive con anterioridad a la convocatoria de la primera de las tres conferencias de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.- Tales derechos vienen siendo plenamente ejercidos por el Ecuador.- Sobre la base del principio de la soberanía nacional, que rige por igual respecto de todos los componentes territoriales del Estado, mi delegación no admite diferencias en cuanto a la condición jurídica de las islas.- En este sentido, ha dejado y deja constancia de la inadmisible situación en que se ha colocado, respeto de los Estados archipielágicos, a los archipiélagos que forman parte del territorio de un Estado, en cuanto a la determinación de los espacios marítimos establecidos en la convención.- Por otra parte, mi delegación señala que el artículo 64, al establecer un régimen para la conservación y utilización óptima de las especies altamente migratorias, comprende inequívocamente las disposiciones correspondientes de la parte V como aplicables a tales especies, pues es obvio que no existe diferencia alguna en cuanto al contenido y alcance de los derechos soberanos que el  Estado ribereño ejerce sobre todos los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, cualesquiera sean sus hábitos, existentes en las aguas, el lecho y subsuelo del mar hasta una distancia de doscientas millas”, in: Fernando Pavón Egas: El Ecuador en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Editorial Universitaria -Quito- 1983; págs. 154-155.

(31) Artículos. Referentes a la Zona Económica Exclusiva:

“Artículo 55

Régimen jurídico específico de la zona económica exclusiva:

La zona económica exclusiva es un área situada más allá del mar territorial y adyacente a éste, sujeta al régimen jurídico específico establecido en esta Parte, de acuerdo con el cual los derechos y la jurisdicción del Estado ribereño y los derechos y libertades de los demás

Estados se rigen por las disposiciones pertinentes de esta Convención.

Artículo 56:

Derechos, jurisdicción y deberes del Estado ribereño en la zona económica exclusiva

1. En la zona económica exclusiva, el Estado ribereño tiene:
2. a) Derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar, y con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económicas de la zona, tal como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos;
3. b) Jurisdicción, con arreglo a las disposiciones pertinentes de esta Convención, con respecto a:
4. i) El establecimiento y la utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras;
5. ii) La investigación científica marina;

iii) La protección y preservación del medio marino;

1. c) Otros derechos y deberes previstos en esta Convención.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes en la zona económica exclusiva en virtud de esta Convención, el Estado ribereño tendrá debidamente en cuenta los derechos y deberes de los demás Estados y actuará de manera compatible con las disposiciones de esta Convención.
3. Los derechos enunciados en este artículo con respecto al lecho del mar y su subsuelo se ejercerán de conformidad con la Parte VI.

Artículo 57

Anchura de la zona económica exclusiva:

La zona económica exclusiva no se extenderá más allá de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial.

Artículo 58

Derechos y deberes de otros Estados en la zona económica exclusiva;

1. En la zona económica exclusiva, todos los Estados, sean ribereños o sin litoral, gozan, con sujeción a las disposiciones pertinentes de esta Convención, de las libertades de navegación y sobrevuelo y de tendido de cables y tuberías submarinos a que se refiere el artículo 87, y de otros usos del mar internacionalmente legítimos relacionados con dichas libertades, tales como los vinculados a la operación de buques, aeronaves y cables y tuberías submarinos, y que sean compatibles con las demás disposiciones de esta Convención.
2. Los artículos 88 a 115 y otras normas pertinentes de derecho internacional se aplicarán a la zona económica exclusiva en la medida en que no sean incompatibles con esta Parte.
3. En el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes en la zona económica exclusiva en virtud de esta Convención, los Estados tendrán debidamente en cuenta los derechos y deberes del Estado ribereño y cumplirán las leyes y reglamentos dictados por el Estado ribereño de conformidad con las disposiciones de esta Convención y otras normas de derecho internacional en la medida en que no sean incompatibles con esta Parte”. In: El Derecho del Mar, Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), Naciones Unidas, Nueva York, 2002; págs. 47-59.  

(32) Ibid. nota 29; pág.155.

(33)El territorialismo va unido a la soberanía, pero no se trata de una soberanía absoluta. Dentro de una zona sometida a un régimen que supone el paso inocente y la libertad de navegación en las respectivas subzonas, la soberanía es forzosamente limitada. ¿Por qué se utiliza, pues, la palabra soberanía en este caso? Se trata de una forma concisa de referirse a las competencias del Estado y una forma breve y cómoda de expresar que las competencias residuales serán ejercidas por el Estado ribereño…

El concepto de territorialismo puede armonizarse con una pluralidad de regímenes. El mar territorial  tradicional halla su lugar junto con elementos nuevos. En el territorialismo pueden existir distintos regímenes, por ejemplo, uno de paso inofensivo y otro de libre navegación, pero su denominador común es la noción de soberanía.

Además el territorialismo proyecta el poder del Estado costero en un espacio determinado, pero ese poder es limitado. El territorialismo es, pues, espacial confiere potestad sobre los recursos contenidos en ese espacio…”. Ibid. nota 14; págs. 130-131.

(34) El Embajador Neptalí Ponce Miranda manifestó: “Expresé en esa nota que el último incidente con los barcos americanos, había creado una situación delicada entre los Gobiernos de Quito y Washington y puesto una vez más de relieve la inaplazable necesidad de que los dos países estudien el problema del conflicto de sus legislaciones y traten por lo menos de llegar a una solución provisional de modus vivendi, ya que sería en estos momentos sumamente difícil alcanzar un arreglo definitivo, toda vez que la cuestión concierne no sólo al Ecuador sino también a los otros dos países signatarios de la Declaración de Santiago, sin cuya concurrencia mal se podría negociar con los Estados Unidos sobre el fondo mismo del asunto. Añadía que el Departamento de Estado había hecho conocer a la Cancillería de Quito, por intermedio del Encargado de Negocios de los Estados Unidos, y a la misma Embajada del Ecuador en Washington, la disposición de entablar conversaciones en Quito para ver de llegar a un modus vivendi satisfactorio, sobre dos bases principales: se reconocería por Estados Unidos el mar territorial del Ecuador, por una parte; por otra; el Ecuador, sin renunciar a su posición jurídica establecida en la Declaración de Santiago accedería a no empeñarse en imponer su autoridad respecto a la zona marítima contigua de las 188 millas más allá del mar territorial…” y sobre este modus vivendi, nuestro Embajador dio estas precisiones: “Me parece oportuno hacer unas breves consideraciones respecto a la forma del modus vivendi. Es posible que sea lo más aconsejado convenir en los términos de ese modus vivendi sin llegar a formalizarlo en un documento suscrito por las partes. Sería un acuerdo informal sobre lo que cada una de ellas hará respecto del mar territorial y de la pesca. Esta informalidad tendría la ventaja de que las medidas en que se convengan podrían ser aplicadas de inmediato, sin necesidad de ulterior ratificación. Por otra parte, nada estaríamos suscribiendo que pudiera considerarse por los otros signatarios de la Declaración de Santiago como afectando a la fuerza y prestigio de tal instrumento; y, asimismo, el Congreso de Estados Unidos no podría oponerse a las medidas acordadas informalmente que vendrían a alterar de modo sustancial la legislación americana referente a las tres millas del mar territorial… Por último, tan pronto como se iniciaren las conversaciones con los comisionados americanos en Quito, sería oportuno informar reservadamente a las Cancillerías de Lima y de Santiago que el objeto de aquellas no es sino el de la negociación de un modus vivendi, que en nada afectaría el valor jurídico de la Declaración de Santiago.

En atención a las consideraciones expuestas en esta nota, me parece, señor Ministro, muy acertada la decisión del Gobierno ecuatoriano, comunicada ayer al Departamento de Estado, por la cual se acepta el deseo de los Estados Unidos de realizar cuanto antes conversaciones en Quito para la negociación de un modus vivendi en referencia…”. In: Dominio Marítimo Neptalí Ponce Miranda…; págs. 88-90.

(35) Ibid.; pág. 91.

(36) Cabe transcribir aquí las razones presentadas por este ilustre Canciller expuestas ante la Asamblea Nacional Constituyente, en sesión pública del 29 de diciembre de 1966:

a) Ese entendimiento atentaba contra la soberanía nacional, la integridad territorial, la dignidad y la economía del país;

b) El Modus Vivendi significaba la renuncia de los derechos de soberanía y jurisdicción que el Ecuador ejercía en las 200 millas marinas, de conformidad con la Declaración de Santiago de 1952 y el Convenio Complementario de Lima de 1954, tratados públicos y solemnes, ratificados por el Ecuador y por lo tanto leyes de la República;

c) El “entendimiento” o Modus Vivendi aun en el supuesto de que hubiese sido informalísimo como se ha sostenido ni siquiera reconocía en favor del Ecuador, en toda su plenitud, el mar territorial de 12 millas a que se refería el entonces vigente artículo 633 del Código Civil, ya que permitía que los barcos pesqueros norteamericanos, en ciertas partes de la costa, sobrepasen la línea de las 12 millas;

d) Ese convenio internacional era violatorio del Código Civil y de la Ley de Pesca y Cacería Marítima, que regían entonces. Violaba, en efecto, el referido artículo 633 del Código Civil, pues en lugar de medir las líneas de las doce millas desde los puntos más salientes de la costa, como obligaba el Código, se recurría a normas internacionales establecidas en los Convenios de Ginebra por los que el Ecuador no había votado y, mucho menos, suscrito o ratificado, así como los artículos 23, 25 y 29 de la citada Ley;

e) El Modus Vivendi, no obstante referirse a aspectos de soberanía nacional y a cuestiones fiscales como era la rebaja en el valor de los permisos de pesca, fue declarado de carácter “reservado y confidencial”, según aparece de documentos oficiales;

f) Respecto del Modus Vivendi no se cumplió con ninguno de los requisitos exigidos por la Ley ecuatoriana, como era por lo menos el de su publicación en el Registro Oficial reservado. No obstante ello, regía religiosamente las relaciones pesqueras entre el Ecuador y los Estados Unidos;

g) Según se ha apreciado por el análisis anterior, no existía uniformidad de texto en los instrumentos que constituían el Modus Vivendi. Uno de los aspectos más sobresalientes de esta disparidad radicaba en que, mientras el texto norteamericano se incluía al Archipiélago de Colón, el texto ecuatoriano no lo hacía;

h) Como consecuencia de la violación de la Ley de Pesca, el Modus Vivendi causó cuantiosos perjuicios económicos al país que, según una apreciación de la época, llegaron a la cantidad aproximada de 14’108.970 sucres;

i) Ese convenio internacional, relativo a cuestiones de soberanía ecuatoriana, oficializó un mapa extranjero (la Carta de la Oficina Hidrográfica de la Marina de los Estados Unidos, número 1177, 33ª edición, aprobada por ese país en abril de 1950 y revisada el 22 de octubre de 1962), que sirvió de base para el trazado de las líneas que delimitaban las zonas referidas en el Modus Vivendi, en lugar de haber utilizado por lo menos mapas oficiales del Estado ecuatoriano;

j) El “entendimiento” establecía una incomprensible práctica discriminatoria contra los barcos pesqueros de nacionalidad distinta de la norteamericana, lo cual -por decir lo menos- era una política poco seria. ¿Cómo, por ejemplo, podía sostenerse que los barcos de otra nacionalidad estaban sujetos a la Ley de Pesca, mientras que los norteamericanos, por efecto del Modus Vivendi, estaban exentos de esa Ley y, además, gozaban de prerrogativas especiales?

k) En guarda del prestigio internacional del país era necesario demostrar con la denuncia del Modus Vivendi que el Ecuador respeta siempre los tratados válidamente celebrados.” Ibid. nota 1, in: Ecuador y las 200 millas; págs. 39-40.

(37) Ibid.

(38) Ibid.p.42.

(39) Ibid. nota 34; pág.101.

(40) Ibid. pág. 112.

(41) Ibid. pág. p.117.  

(42) Recordemos que el doctor Neptalí Ponce Miranda fue el Canciller (septiembre 1948-septiembre de 1952) del Presidente Galo Plaza cuando se negoció y aprobó la Declaración sobre Zona Marítima o de Santiago en la Primera Conferencia sobre  Explotación y Conservación de las Riquezas Marítimas del Pacífico Sur, en Santiago de Chile. Ver también: “Actas de la Junta Consultiva”, Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, 1966, y particularmente las del 12 de enero, 18 de febrero, 25 de febrero y 24 de marzo de 1966. Archivo Histórico Alfredo Pareja Diezcanseco del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador.

(43) El lector encontrará una excelente síntesis y una abundante recopilación de documentos en: Un hito en el Panamericanismo, violación del artículo 19 de la Carta de la OEA, editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, 1971; 248 págs. Además, el informe sobre: La guerra del atún o Estados Unidos derrotados 22 a 1 (informe de Jorge Fernández Salazar, Embajador del Ecuador ante la Organización de Estados Americanos) in: http://arqueologia-diplomacia-ecuador.blogspot.fr/2013/05/la-guerra-del-atun-o-estados-unidos.html

(44) Claude Lara Brozzesi, in: “La Defensa del Mar y el nacimiento de la Diplomacia marítima del Ecuador”; revista Podium, diciembre-2006, n°8, Universidad de Especialidades  Espíritu Santo; pág. 72.

Versión electrónica:

http://arqueologia-diplomacia-ecuador.blogspot.com/2011/01/el-ecuador-y-la-defensa-del-mar-o-el.html

(45) Ibid.

(46) Ibid.

(47) Ibid.

(48) Ibid.

(49) Ibid.; págs. 72-73.

(50) Ibid.; 73.

(51) Ibid.

(52) Ver &207 del informe de Jorge Fernández Salazar y los siguientes &&208. El Embajador, Representante de Argentina ante la OEA, doctor Raúl Quijano, me decía: “La gestión ecuatoriana en la Reunión de Consulta, para no decirte la victoria ecuatoriana, es una obra maestra de diplomacia parlamentaria. Vamos a estudiar todo su proceso en detalle, porque a cualquier país, al mío por ejemplo, puede alguna vez presentarle la necesidad de algo parecido y será útil aprovechar la experiencia. 

209. El Embajador Quijano es funcionario de carrera y especializado en Organismos Internacionales. Estuvo muchos años en las Naciones Unidas antes de venir a la OEA. Por su seriedad intelectual y su sobriedad, su comentario tiene un valor especial”; ibid. nota 43.

(53) Juan Miguel Bákula: El Dominio Marítimo del Perú. Fundación M.J. Bustamante de La Fuente, Perú, talleres Tipo Offset, Sesator; pág. 353.

(54) Ibid. nota 25.

(55) Patricio Goyes Arroyo: “Fondos  Marinos de Soberanía y Jurisdicción del Ecuador de acuerdo a la Convención del Mar”, AFESE 53, pág. 121 y El Ecuador Marítimo del siglo XXI, Memorias de los ciclos de conferencias 2002-2003, DIGEIM-Armada del Ecuador y Comisión Nacional sobre el Derecho del Mar, segunda edición, 2003; 250 págs.

Versión electrónica:

http://www.afese.com/img/revistas/revista53/fondomarino.pdf

(56) Recordemos que es la segunda negociación ya que la no adhesión de ambas Partes a la CONVEMAR imposibilitó su ratificación, como señaló la Asamblea legislativa de Costa Rica: “El principal problema de este Primer Acuerdo, era que pese a que para entonces ya existía la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982, e incluso Costa Rica ya la había suscrito, pero ninguna de ambas Partes la había ratificado para entonces, y el contenido del Tratado negociado no era conforma con la normativa de esta Convención de alcance universal o mundial. Como es bien conocido, es con la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar, que se reconoce en derecho internacional la anchura del mar territorial de cada Estado ribereño en un máximo de 12 millas (artículo 3) y la anchura de la zona económica exclusiva en un máximo de 200 millas (artículo 57). Sin embargo, el Acuerdo de Límites marítimos de 1985, mientras que le reconocía 200 millas a Costa Rica “como zona de jurisdicción”, se las reconocía en cambio al Ecuador en la condición de  “mar territorial”, con lo cual no solo creaba una odiosa disparidad  entre las Partes, sino que era abiertamente contraria al derecho internacional…”. In: “Proyecto de Ley, Aprobación del Convenio sobre la Delimitación Marítima entre la República de Costa Rica y la República del Ecuador “. Expediente N° 19.340, oficio ST.025-20151, febrero 2014; pág. 6.

(57) La Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, mediante oficio, DM, del 16 de noviembre de 2015, votó a favor del “informe correspondiente al pedido de aprobación del Convenio sobre delimitación marítima entre la República del Ecuador y a la República de Costa Rica” y recomendó al Pleno de la Asamblea Nacional su aprobación.

(58) Ver: “Proyecto de Ley, Aprobación del Convenio sobre la Delimitación Marítima entre la República de Costa Rica y la República del Ecuador “. Expediente N° 19.340, oficio ST.025-20151, febrero 2014 de la Asamblea legislativa de la República de Costa Rica, Departamentos de Servicio Técnicos; 23 págs. Y “Acta de la Sesión n°30, jueves 19 de febrero de 2015, primera legislatura, del 1° de mayo de 2014 al 30 de abril de 2015, segundo período de sesiones extraordinarias, del 1° de diciembre de 2014 al 30 de abril de 2015” de la Asamblea legislativa de la República de Costa Rica, Departamentos de Comisiones Legislativas, Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior; 11 págs. y “Acta de la 1 Reunión Binacional Costa Rica-Ecuador sobre el Tema de la extensión de los límites exteriores de las respectivas plataformas continentales en el Pacífico oriental más allá de las 200 millas marinas”, San José Costa Rica, 14 y 15 de mayo de 2015; 13 págs.

(59) Mensaje electrónico del 12 de abril 2006, del Embajador Luis Valencia Rodríguez dirigido al autor.

(60)  Claude Lara Brozzesi: “El Ecuador y la Defensa del mar o el nacimiento de la diplomacia marítima del Ecuador”. Revista PODIUM, ibid. nota 44; pág. 73).

(61) Versión electrónica:

Carlos Puig Vilazar: nacimiento, negociación de las 200 millas ecuatorianas y creación de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, in:

http://arqueologia-diplomacia-ecuador.blogspot.com/2011/05/novedadesnouveautes_24.html

(62) Alfredo Luna Tobar: “La Quinta Región Geográfica Ecuatoriana: el Mar”, revista de AFESE N° 42, enero-junio 200; págs.20-21.

Versión electrónica:

http://www.afese.com/img/revistas/revista42/5region.pdf

(63) Leopoldo Benites Vinueza in: Literatura del siglo XX (VII). Biblioteca Básica de Autores Ecuatorianos, EDILOJA Cía. Ltda, Loja-Ecuador, 2015; pág. 53 y Ecuador: drama y paradoja, Quito-Ecuador, Crear gráfica editores, 2005; pág. 55.

(64) Informe de actividades, octubre 22 de 2013-julio 24 de 2015; pág. 39 in: “En el Centésimo Sexto Aniversario de la Academia Nacional de Historia”, Quito, 24 de julio de 2015.

(65) Memorias del Primer Simposio de Historia Amazónica, Academia Nacional de Historia, Quito-Ecuador, PPL Impresores, mayo 2014, Memorias del Segundo Simposio de Historia Amazónica, Academia Nacional de Historia, Quito-Ecuador, PPL Impresores, noviembre 2014, y Memorias del Tercer Simposio de Historia Amazónica, Academia Nacional de Historia, Quito-Ecuador, PPL Impresores, agosto 2015.

(66) Mariano Sánchez Bravo in: “Gobierno Marcista: 1846-1850”. Boletín de la Academia Nacional de Historia, volumen XCIII-N°192, septiembre 2015, Quito-Ecuador; pág.337.

(67) Dedicatoria: En Homenaje a A. Darío Lara y su obra, in:

http://arqueologia-diplomacia-ecuador.blogspot.com/2010/04/arqueologia-ecuador.html